Rocha Moya reaparece y denuncia una campaña de calumnias: «Es un ataque a la soberanía nacional»
Política Nacional
El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, rompió días de silencio para asegurar que enfrenta una «atroz embestida mediática» impulsada por la ultraderecha, con el objetivo de desacreditar su gestión y al movimiento de transformación en México. En un mensaje contundente, rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que colaboró con las autoridades para esclarecer su situación.
- ✅ Rocha Moya solicitó licencia al cargo para quedar sin protección del fuero constitucional y facilitar investigaciones en su contra.
- ✅ Afirmó que compareció ante la FGR y respondió «de manera veraz y puntual» a los cuestionamientos del Ministerio Público Federal.
- ✅ Negó contar con protección de corporaciones federales y rechazó las versiones del periodista Carlos Loret de Mola.
- ✅ Denunció que las acusaciones en su contra por una oficina del gobierno de EE.UU. son falsas y forman parte de un ataque político.
- ✅ La FGR confirmó una investigación en su contra, pero aclaró que no hay elementos suficientes para ejercer acción penal por ahora.
- ✅ Acusó al exembajador de EE.UU., Ken Salazar, de incumplir deberes diplomáticos al negar la participación de su gobierno en la extradición de «El Mayo» Zambada.

El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, rompió días de silencio para emitir un pronunciamiento contundente en el que denunció una «atroz embestida mediática de calumnias» en su contra. A 69 días de haber solicitado licencia al cargo, el mandatario estatal afirmó que su decisión respondió a una convicción personal: quedar sin la protección del fuero constitucional para facilitar su investigación por parte de las autoridades mexicanas.
En un mensaje difundido este 9 de julio de 2026, Rocha Moya aseguró que desde el 1 de mayo ha permanecido en su domicilio en Culiacán, sin moverse, y negó rotundamente contar con protección de corporaciones federales. Además, rechazó las versiones del periodista Carlos Loret de Mola, quien había señalado la posible intervención de fuerzas federales en su resguardo.
Una decisión por convicción y transparencia
Rocha Moya explicó que su solicitud de licencia, presentada hace casi dos meses y medio, fue motivada por su confianza en las instituciones y en el Estado de derecho mexicano. «Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes», declaró.
Durante este periodo, el gobernador con licencia compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para responder a los cuestionamientos del Ministerio Público Federal. Según su versión, lo hizo de manera «puntual y veraz», reafirmando su disposición a colaborar con las investigaciones en su contra.
Acusaciones sin sustento y un ataque político
Rocha Moya calificó como falsas las acusaciones formuladas en su contra por una oficina del gobierno de Estados Unidos, en las que se le vincula con presuntos actos de corrupción o complicidad con el crimen organizado. «Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas», enfatizó.
El mandatario sinaloense aseguró que lo que enfrenta es un ataque sistemático impulsado por la ultraderecha, cuyo objetivo último es «menoscabar la soberanía nacional y desacreditar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente». En este contexto, denunció una campaña mediática orquestada para desprestigiarlo y debilitar su figura política.
La FGR confirma investigación, pero sin elementos para acción penal
En paralelo al pronunciamiento de Rocha Moya, la FGR emitió un informe en el que confirmó la existencia de una investigación en contra de 10 personas, incluyendo al gobernador con licencia. Esta indagatoria deriva de una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por Estados Unidos. Sin embargo, la fiscalía aclaró que, hasta el momento, no cuenta con el «parámetro probatorio mínimo» que exige la legislación mexicana para ejercer acción penal en su contra.
Este matiz es clave, ya que, aunque existe una investigación abierta, la falta de pruebas suficientes impide avanzar hacia una posible imputación formal. Rocha Moya aprovechó este punto para reafirmar su inocencia y exigir que se respete el principio de presunción de inocencia.
FGR acusa a Ken Salazar de incumplir deberes diplomáticos
En un giro inesperado, la FGR también señaló al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por incumplir sus deberes diplomáticos. Según la fiscalía, Salazar mintió al negar la participación de autoridades estadounidenses en la extradición de Ismael «El Mayo» Zambada hacia territorio estadounidense.
La FGR recordó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) reconoció públicamente que la captura de Zambada fue resultado de un operativo de esa agencia. Las declaraciones de Salazar, en las que aseguró que no participaron autoridades estadounidenses, fueron calificadas como falsas por la fiscalía mexicana. Este hecho, según la institución, vulneró el principio de buena fe que rige las relaciones diplomáticas y contravino disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Debido a la inmunidad diplomática de la que gozó Salazar como embajador, el gobierno mexicano no puede investigarlo ni procesarlo penalmente. Las posibles repercusiones, en este caso, se circunscriben al ámbito del derecho internacional.
Repercusiones políticas y el futuro de Rocha Moya
El pronunciamiento de Rocha Moya llega en un momento crítico para su carrera política y para el panorama estatal en Sinaloa. Su renuncia temporal al cargo ha generado una ola de especulaciones sobre su futuro, mientras enfrenta tanto investigaciones nacionales como presiones internacionales.
Mientras tanto, sectores afines al movimiento de transformación que el gobernador representa han salido en su defensa, acusando una estrategia de desprestigio orquestada por grupos de poder adversos. Por otro lado, críticos de su gestión exigen transparencia y el esclarecimiento de los hechos que motivaron las acusaciones en su contra.
Lo cierto es que, tras 69 días de licencia, Rocha Moya ha logrado centrar el debate en la transparencia y la justicia, mientras rechaza categóricamente las acusaciones en su contra. Queda por ver si las investigaciones en curso aportarán pruebas que confirmen o desmientan las versiones que hoy dividen a la opinión pública.
Conclusión: ¿Un ataque a la soberanía o una defensa legítima?
El caso de Rubén Rocha Moya plantea preguntas fundamentales sobre la independencia de las instituciones mexicanas, la influencia de actores internacionales en la política nacional y el papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública. Mientras el gobernador con licencia insiste en que es víctima de una campaña de desprestigio, sus detractores exigen respuestas claras y pruebas contundentes.
Lo único cierto, por ahora, es que México sigue siendo escenario de un enfrentamiento político donde las acusaciones, las negativas y las investigaciones se entrelazan en un tablero complejo. Rocha Moya, con su reapareción mediática, ha dejado claro que no se rendirá sin luchar. El tiempo dirá si la justicia mexicana avalará su versión o si, por el contrario, las pruebas lo sitúan en el lugar que hoy rechaza con vehemencia.
El caso de Rocha Moya refleja la tensión entre la transparencia institucional y las estrategias políticas en México. Mientras el gobernador con licencia denuncia una campaña de desprestigio, la FGR avanza en investigaciones que podrían definir su futuro. El país observa un debate que trasciende lo judicial para adentrarse en lo político: ¿se busca justicia o debilitar a un movimiento? La respuesta, aún incierta, marcará el rumbo de la política mexicana en los próximos meses.



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