Rocha Moya en jaque: Tras la entrega de Mérida Sánchez y Díaz Vega, ¿quiénes son los funcionarios que faltan por caer?

Política y Justicia

La entrega de dos exfuncionarios clave de Sinaloa a autoridades estadounidenses intensifica la presión sobre el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Mientras Mérida Sánchez y Díaz Vega ya colaboran con la justicia de EU, otros nombres en la lista podrían seguir sus pasos en los próximos días, incluyendo al propio Rocha Moya y al alcalde de Culiacán.

  • Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y Finanzas de Sinaloa, respectivamente, se entregaron a autoridades estadounidenses y podrían convertirse en testigos clave contra Rocha Moya.
  • Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, sigue sin aparecer, pero es señalado como el principal responsable en la red de corrupción y narcotráfico que operaba desde el gobierno estatal.
  • Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, solicitó licencia a su cargo y es uno de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EU.
  • Otros funcionarios pendientes: Enrique Inzunza Cázarez (senador), Dámaso Castro Zaavedra (vicefiscal del estado), Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito, entre otros.
  • ✅ La Fiscalía General de la República (FGR) aún no se pronuncia sobre la posible vinculación de Rocha Moya, mientras el gobierno federal exige pruebas para proceder en contra de los acusados.
  • ✅ Las entregas de Mérida Sánchez y Díaz Vega representan un golpe estratégico para desmantelar la red de protección al Cártel de Sinaloa en Sinaloa.

Rubén Rocha Moya durante una presentación en la Feria Internacional del Libro de Culiacán (2023).
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La entrega de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y Finanzas de Sinaloa, respectivamente, a autoridades estadounidenses ha marcado un punto de inflexión en el caso que involucra al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Estos dos colaboradores clave del exmandatario se convirtieron en las piezas más recientes de un rompecabezas que busca desmantelar una red de corrupción y narcotráfico que, según la justicia de Estados Unidos, operaba desde el gobierno estatal.

Mérida Sánchez, un general retirado del Ejército, compareció en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos que se le imputan: recibir sobornos y facilitar operaciones de tráfico de drogas vinculadas al Cártel de Sinaloa. Sin embargo, fuentes del Departamento de Justicia revelaron a El Universal que el militar podría ser aceptado como testigo cooperante, e incluso protegido, si demuestra que su vida corre peligro. Su información inicial ya fue integrada al caso judicial en marcha, según la misma fuente.

El exfuncionario, identificado con el número 62685-512 en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn —donde también están recluidos figuras como Ismael «El Mayo» Zambada y el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro—, no opuso resistencia al ser detenido. Fuentes cercanas indicaron que Mérida Sánchez sabía que su nombre estaba en todos los puertos de ingreso a Estados Unidos y que, al aceptar ser remitido a Nueva York sin disputar su entrega, aceleró su proceso judicial.

 

La entrega de Mérida Sánchez: Un proceso estratégico

Según el relato de las autoridades, Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos desde el pasado lunes, tras llegar a Hermosillo, Sonora, y cruzar por la garita de Nogales hacia Arizona. Allí fue arrestado por agentes del Servicio de Alguaciles y trasladado a Nueva York, donde inició formalmente su proceso judicial. Su comparecencia ante la jueza Sarah Netburn fue breve, pero suficiente para dar inicio a lo que podría ser una colaboración clave para las investigaciones.

Mientras tanto, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas durante el gobierno de Rocha Moya (2021-2024), decidió entregarse desde Europa, donde se encontraba de vacaciones. Díaz Vega es señalado como el operador financiero del exgobernador y habría actuado como enlace entre «Los Chapitos» —los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán— y el gobierno estatal. Según la acusación del Departamento de Justicia, antes de las elecciones de 2021 en Sinaloa, Díaz Vega entregó a los líderes del cártel los nombres y direcciones de los oponentes políticos de Rocha Moya para que fueran amenazados y obligados a retirarse de la contienda.

 

¿Quiénes faltan por entregarse?

La lista de funcionarios señalados por Estados Unidos no se agota con Mérida Sánchez y Díaz Vega. Entre los nombres que aún no han sido detenidos —pero que podrían serlo en los próximos días— se encuentran:

  • Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien sigue sin aparecer y es señalado como el principal responsable de la red de corrupción.
  • Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, quien solicitó licencia a su cargo tras ser mencionado en la investigación.
  • Enrique Inzunza Cázarez, senador acusado de vínculos con el narcotráfico.
  • Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal del estado de Sinaloa.
  • Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito, entre otros funcionarios estatales y mandos de seguridad.

El periodista Carlos Loret de Mola confirmó este viernes que Díaz Vega ya se encontraba bajo custodia en Nueva York, mientras que Loret de Mola destacó en sus redes sociales: «Ya tienen al que se encargaba de los operativos y al que se encargaba del dinero. Pinza cerrada».

 

La respuesta del gobierno mexicano

A pesar del impacto que estas entregas tienen en el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) aún no se ha pronunciado sobre la posible vinculación de Rocha Moya. Tampoco el gobierno federal ha emitido un comunicado oficial, aunque se sabe que las autoridades mexicanas han exigido pruebas contundentes para proceder en contra de los 10 funcionarios de Sinaloa acusados en la Corte de Nueva York.

Mientras tanto, el silencio de Rocha Moya y la presión internacional aumentan. El caso no solo sacude a las Fuerzas Armadas mexicanas, sino que también pone en jaque la credibilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha enfrentado críticas por su manejo de la crisis. Expertos en seguridad señalan que, si las acusaciones se confirman, el escándalo podría tener repercusiones políticas nacionales e internacionales.

 

El futuro del caso: ¿Qué sigue?

Con Mérida Sánchez y Díaz Vega ya en manos de la justicia estadounidense, el siguiente paso podría ser la detención de otros funcionarios en la lista. Las autoridades de EU han dejado claro que buscan desmantelar la red de protección que, según su investigación, operaba en Sinaloa con la complicidad de altos mandos políticos. Si Rocha Moya o los demás acusados deciden presentarse voluntariamente, podrían negociar acuerdos de cooperación que revelen información clave sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa y sus vínculos con el gobierno estatal.

Por ahora, el país observa con atención cómo se desarrolla esta crisis que, más allá de la política local, amenaza con exponer las profundas conexiones entre el crimen organizado y las instituciones en México. Lo único cierto es que, con cada entrega, la presión sobre Rocha Moya y su círculo se vuelve insostenible.

La entrega de Mérida Sánchez y Díaz Vega marca un antes y después en el caso Rocha Moya, pero la lista de funcionarios pendientes aún podría crecer. La justicia estadounidense avanza, mientras México observa en silencio. ¿Caerá el exgobernador o intentará negociar su futuro desde la clandestinidad?

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