FGR revela detalles del traslado de Fernando Farías y desmantela red de huachicol fiscal con ramificaciones en cinco estados

Fiscalía General de la República

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el traslado desde Argentina a México de Fernando Farías Laguna, presunto líder de una red de contrabando de combustible. Durante una conferencia de prensa, la fiscal Ernestina Godoy detalló el esquema delictivo, los avances en la investigación y los bienes asegurados, pero omitió mencionar posibles vínculos con mandos de la Secretaría de Marina o altos funcionarios del gobierno federal.

• ✅ Fernando Farías Laguna, presunto líder de una red de «huachicol fiscal», fue trasladado desde Argentina a México y recluido en el CEFERESO «El Altiplano».
• ✅ La FGR detalló que la investigación inició en 2024 tras una denuncia de la Secretaría de Marina sobre operaciones ilegales de contrabando de combustible.
• ✅ Se aseguraron dos buques con 16 millones de litros de hidrocarburo en Altamira y Ensenada, clave para desmantelar la red.
• ✅ La organización criminal operaba en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, con la complicidad de exservidores públicos y agentes aduanales.
• ✅ Hasta el momento, hay 15 detenidos, incluyendo 12 exservidores públicos, y se han asegurado 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles.
• ✅ La fiscal Ernestina Godoy no mencionó avances en la investigación sobre posibles vínculos con mandos de la Marina o altos funcionarios.
• ✅ El caso representa una afectación económica directa de más de 340 millones de pesos para la organización criminal.

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Fernando «N». Foto FGR. Uso editorial.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado a conocer los detalles del traslado de Fernando Farías Laguna, presunto líder de una compleja red criminal dedicada al contrabando y distribución de combustible mediante el llamado «huachicol fiscal». Farías Laguna fue expulsado de Argentina y trasladado a México, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, «El Altiplano».

Durante una conferencia de prensa de siete minutos, la fiscal Ernestina Godoy explicó los pormenores de la investigación y el esquema delictivo, pero evitó referirse a posibles indagatorias sobre mandos de la Secretaría de Marina o altos funcionarios del gobierno federal. Godoy solo mencionó brevemente a la Marina para recordar que fue el almirante Rafael Ojeda Durán, titular de la institución, quien denunció inicialmente el caso ante la FGR.

 

Un esquema delictivo con ramificaciones nacionales

Según la fiscal Godoy, la investigación sobre esta red criminal comenzó en 2024, cuando la Secretaría de Marina notificó a la FGR sobre indicios de operaciones ilegales de contrabando de combustible. A partir de esa denuncia, el Ministerio Público de la Federación inició las indagatorias correspondientes. El caso cobró fuerza en marzo de 2025, cuando las autoridades aseguraron dos buques tanque: uno en Altamira, Tamaulipas, con 8 millones de litros de hidrocarburo, y otro en Ensenada, Baja California, con una cantidad similar. Estos aseguramientos fueron clave para desmantelar las operaciones de la organización.

La FGR reveló que la red criminal operaba bajo un esquema sofisticado que incluía:

• El arribo de embarcaciones a puertos estratégicos como Tampico y Ensenada.
• La evasión de impuestos mediante la declaración falsa de hidrocarburos como «aceites» o «aditivos» en los pedimentos aduanales.
• La complicidad de agentes aduanales corruptos y exservidores públicos, quienes facilitaban las descargas a través de revisiones simuladas.
• La distribución del combustible adulterado o de contrabando a través de empresas legalmente constituidas, que lo comercializaban en estaciones de servicio o lo utilizaban para lavar dinero.

Esta red delictiva tenía presencia en cinco entidades del país: Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, lo que evidencia su capacidad para operar en múltiples regiones con estructuras locales de apoyo.

 

Detenciones y bienes asegurados: Un golpe económico a la organización

Tras acumular pruebas suficientes, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra varios implicados, incluyendo a Fernando Farías Laguna. Este último fue detenido en Argentina el 23 de abril de 2026 y, tras una solicitud de extradición presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el 21 de mayo, las autoridades argentinas accedieron a su expulsión. Agentes de la FGR viajaron al país sudamericano para concretar su traslado a México.

Hasta el momento, se han detenido a 15 personas adicionales, entre las que destacan 12 exservidores públicos. Además, las autoridades han asegurado 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles, así como los buques utilizados para el contrabando. La fiscalía estimó que la afectación económica directa a la organización supera los 340 millones de pesos, correspondientes al valor comercial de los hidrocarburos recuperados.

 

Falta de avances en indagatorias a mandos de la Marina

Aunque la investigación sigue abierta y ya se han girado nuevas órdenes de captura, la fiscal Ernestina Godoy no proporcionó detalles sobre si las indagatorias han alcanzado a mandos de la Secretaría de Marina o a otros altos funcionarios del gobierno federal. Durante su mensaje, Godoy se limitó a mencionar que la denuncia inicial provino de la Marina, pero no profundizó en posibles vínculos de funcionarios con la red criminal. Este silencio ha generado interrogantes sobre el alcance real de las investigaciones y si se está evitando involucrar a actores con mayor poder institucional.

La omisión de Godoy contrasta con la magnitud del caso, que involucra a exservidores públicos y estructuras delictivas complejas. Mientras tanto, la FGR continúa con las investigaciones, dejando en duda si el desmantelamiento de la red será completo o si solo se ha tocado la superficie de un problema más profundo.

 

El futuro de la investigación y sus implicaciones

El caso de Fernando Farías Laguna y la red de huachicol fiscal representa uno de los golpes más significativos contra el contrabando de combustible en los últimos años. Sin embargo, la falta de transparencia sobre posibles vínculos con autoridades de alto nivel deja un sabor amargo en la opinión pública. La sociedad mexicana espera que las investigaciones no se limiten a los eslabones más débiles de la cadena delictiva, sino que también se explore la posible participación de funcionarios que, desde dentro del Estado, facilitaron estas prácticas ilícitas.

Mientras tanto, la FGR ha asegurado que el caso sigue en desarrollo y que se continuarán girando órdenes de captura para desmantelar completamente la organización. El desafío ahora será garantizar que la justicia no solo alcance a los implicados de menor jerarquía, sino que también se investigue y sancione a quienes, desde posiciones de poder, permitieron que este esquema delictivo operara durante años.

La captura de Fernando Farías Laguna y el desmantelamiento parcial de la red de huachicol fiscal marcan un avance en la lucha contra el contrabando de combustible. Sin embargo, la opacidad sobre posibles vínculos con mandos de la Marina y altos funcionarios del gobierno ensombrece los resultados. ¿Logrará la FGR profundizar en las investigaciones sin temor a represalias institucionales?