Nueva York, California y otros 25 Estados de EE.UU. demandan a la Administración Trump por sus nuevos aranceles: una batalla legal contra el proteccionismo

Internacional

Un bloque histórico de 25 Estados liderados por demócratas ha presentado una demanda conjunta contra los aranceles impuestos por Donald Trump, argumentando que violan la Constitución y buscan eludir fallos judiciales previos. La polémica medida, que afecta a más de 90 países con gravámenes de hasta el 12,5%, ha desatado una crisis institucional y comercial en Estados Unidos.

• ✅ 25 Estados, incluyendo Nueva York y California, demandan a Trump: Los estados, que representan más del 50% del PIB estadounidense, acusan al presidente de utilizar un «vericueto legal» para imponer aranceles inconstitucionales.
• ✅ Los aranceles afectan a más de 90 países: La medida, que grava importaciones con tasas de entre el 10% y el 12,5%, busca reemplazó un arancel universal de 150 días que expiró y fue bloqueado por el Tribunal Supremo.
• ✅ Fundamento legal en disputa: La Administración Trump justifica los nuevos gravámenes en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, pero los demandantes argumentan que esto es un abuso de poder ejecutivo.
• ✅ Pequeñas empresas y estados unidos en la misma trinchera: Un grupo de pequeñas empresas ya había demandado a Trump horas después de la entrada en vigor de los aranceles, sumándose ahora los gobiernos estatales.
• ✅ Europa en la mira: Entre los países afectados se encuentra la Unión Europea, que ha reaccionado con cautela, mientras analiza posibles represalias comerciales.
• ✅ Consecuencias económicas: Los nuevos aranceles podrían encarecer productos básicos para las familias y empresas estadounidenses, afectando el consumo y la inflación.
• ✅ El Tribunal Supremo ya frenó medidas similares: En febrero de 2026, la Corte Suprema anuló gran parte de los aranceles impuestos por Trump, sentando un precedente clave en este caso.
• ✅ Reacción de la fiscal general de Nueva York: Letitia James declaró que «el presidente no tiene la facultad de imponer aranceles generalizados» y que la ley es clara en este aspecto.

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Donald Trump durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Washington, D. C., en 2011.
Foto: Gage Skidmore · Wikimedia Commons · CC BY-SA 2.0 · Uso editorial.

La batalla legal contra los aranceles de Donald Trump se ha intensificado con la presentación de una demanda conjunta por parte de 25 Estados de Estados Unidos, liderados por demócratas. Estos estados, que representan más de la mitad del territorio y el PIB del país, han recurrido al Tribunal de Comercio Internacional de Manhattan para frenar la última ronda de gravámenes comerciales impulsada por la Administración Trump. La medida, que afecta a más de 90 países con tasas de entre el 10% y el 12,5%, ha sido calificada como un intento de eludir los fallos judiciales previos y una violación de la Constitución.

 

Un muro arancelario en jaque

Trump aprobó hace unas semanas una nueva remesa de aranceles bajo el argumento de que 60 países incumplían normativas relativas al trabajo forzoso. Sin embargo, el verdadero motivo detrás de esta decisión parece ser otro: evitar un vacío legal. El arancel universal del 10% que estaba vigente hasta entonces —y que requería la aprobación del Congreso— expiró después de 150 días, y el Tribunal Supremo ya había tumbado gran parte de sus medidas proteccionistas anteriores. Ante esta situación, la Administración Trump recurrió al artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite imponer gravámenes si se demuestra que un país viola acuerdos comerciales.

Pero los demandantes, entre los que se encuentran gigantes como California y Nueva York, argumentan que este uso de la Sección 301 es una maniobra ilegal para mantener viva una política arancelaria que ya ha sido declarada inconstitucional. «Tras la derrota en el Tribunal Supremo, la Administración intenta una vez más aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas», declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado. «La ley y nuestra Constitución son claras: el presidente no tiene la facultad de imponer aranceles generalizados a cualquier país que se le antoje».

 

La Unión Europea, en la mira

Entre los países afectados por los nuevos aranceles se encuentra la Unión Europea, que ha reaccionado con cautela. Bruselas ya había advertido que podría tomar represalias si Washington seguía adelante con su política proteccionista. «Estamos analizando las medidas y sus posibles impactos, pero no podemos descartar ninguna opción», declaró un portavoz de la Comisión Europea. La tensión comercial entre EE.UU. y la UE podría agravarse si el Tribunal falla en contra de los aranceles, abriendo la puerta a una guerra comercial que afectaría a millones de consumidores y empresas en ambos lados del Atlántico.

Los aranceles de Trump no solo afectan a productos europeos, sino también a bienes procedentes de Asia, Latinoamérica y otros socios comerciales de EE.UU. Productos como electrónicos, textiles y alimentos podrían encarecerse, lo que impactaría directamente en los bolsillos de los ciudadanos estadounidenses. Según expertos en comercio internacional, estas medidas podrían generar un efecto dominó en la economía global, ralentizando el crecimiento y aumentando la inflación.

 

Pequeñas empresas y estados unidos en la misma batalla

Esta no es la primera vez que los aranceles de Trump enfrentan resistencia legal. Horas después de su entrada en vigor, un grupo de pequeñas empresas presentó una demanda contra la Administración, argumentando que el gobierno no puede mantener una política arancelaria global simplemente cambiando de una ley a otra. Ahora, los 25 Estados se han sumado a la batalla, lo que refuerza la presión sobre la Casa Blanca. Entre los estados demandantes se encuentran Arizona, Illinois, Massachusetts y Washington, todos gobernados por demócratas.

La demanda presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. busca frenar la aplicación de los aranceles, que entraron en vigor el pasado 24 de julio. Según los demandantes, la Administración Trump está utilizando el artículo 301 como un recurso para perpetuar una política que ya ha sido declarada ilegal. «El presidente está abusando de su poder ejecutivo para imponer gravámenes que no tienen base legal», declaró un portavoz del Liberty Justice Center, la organización que representa a las pequeñas empresas en el caso.

 

¿Qué sigue en esta guerra comercial?

El Tribunal de Comercio Internacional de Manhattan tendrá ahora la última palabra. Si falla a favor de los demandantes, los aranceles podrían ser suspendidos de inmediato, lo que supondría un revés significativo para la estrategia comercial de Trump. Sin embargo, la Administración ya ha adelantado que recurrirá cualquier decisión adversa, lo que podría alargar el proceso durante meses o incluso años.

Mientras tanto, el Congreso de EE.UU. se encuentra en una posición incómoda. Aunque tradicionalmente ha sido reticente a aprobar medidas proteccionistas, la presión de Trump podría forzar a los legisladores a tomar partido. El presidente necesita el aval del Capitolio para prorrogar cualquier medida arancelaria, pero el ambiente político actual —marcado por una creciente división entre demócratas y republicanos— hace poco probable que obtenga un apoyo unánime.

Lo cierto es que la batalla legal apenas comienza, y su desenlace podría redefinir el futuro del comercio exterior de EE.UU. y sus relaciones con los principales socios globales. Mientras tanto, las familias y empresas estadounidenses ya comienzan a sentir el impacto de los nuevos aranceles, que podrían encarecer productos básicos y generar un efecto dominó en la economía.

La demanda de los 25 Estados marca un punto de inflexión en la guerra comercial de Trump, pero el desenlace judicial definirá si el proteccionismo puede imponerse sobre la Constitución y los fallos del Tribunal Supremo. Mientras tanto, el mundo observa cómo EE.UU. redefine su política comercial, con consecuencias que trascienden sus fronteras.